![\"\"](\"https:\/\/mundoalvivo.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/la-insostenible-audacia-de-postular-sin-cliente.jpg\")
<\/p>\nPOR CARLOS SALCEDO<\/b><\/p>\n
El desapoderamiento del abogado por parte de su cliente es uno de los momentos m\u00e1s cr\u00edticos, complejos y desprovistos de romanticismo en la praxis jur\u00eddica contempor\u00e1nea. Encierra una ruptura de confianza que fractura de inmediato el contrato de mandato.<\/p>\n
Sin embargo, en el foro local suele emerger una peligrosa patolog\u00eda procesal: el profesional del derecho que, invocando deudas de gastos avanzados, honorarios devengados o la falta de resultados esperados, pretende mantener vivo el litigio de fondo o perpetuar su actuaci\u00f3n a espaldas, o incluso en franca oposici\u00f3n, de la voluntad de quien fuera su mandante.<\/p>\n
Semejante osad\u00eda no solo adolece de un insalvable defecto t\u00e9cnico, sino que desnaturaliza la arquitectura dogm\u00e1tica de la representaci\u00f3n procesal. En el derecho dominicano, la respuesta a si un abogado desapoderado puede continuar la acci\u00f3n en el inter\u00e9s de fondo del cliente es un\u00a0no<\/b>\u00a0rotundo, absoluto e intransigente.<\/p>\n
La situaci\u00f3n adquiere un tinte de extrema gravedad institucional cuando el proceso en cuesti\u00f3n arranca de una denuncia penal por supuestos actos de corrupci\u00f3n p\u00fablica. Existen togados que, tras sufrir la p\u00e9rdida de confianza de su cliente y la consecuente revocaci\u00f3n del poder, pretenden transmutar su condici\u00f3n de mandatarios privados en una suerte de fiscales paralelos o guardianes de la moralidad del Estado. Invocando un presunto inter\u00e9s p\u00fablico o la necesidad social de que los hechos sean investigados, contin\u00faan impulsando la acci\u00f3n penal a t\u00edtulo personal. Esta pirueta jur\u00eddica, lejos de constituir un acto de hero\u00edsmo civil, representa una flagrante transgresi\u00f3n a las reglas del debido proceso.<\/p>\n
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La extinci\u00f3n irreversible del mandato y la quiebra de la calidad<\/b><\/p>\n
El v\u00ednculo que une al togado con su justiciable es, por definici\u00f3n de nuestra tradici\u00f3n civilista, un contrato de mandato. El art\u00edculo 2004 del C\u00f3digo Civil consagra una prerrogativa omn\u00edmoda a favor del mandante: la facultad de revocar el poder cuando le parezca oportuno. No existe el mandato irrevocable en la postulaci\u00f3n judicial ordinaria; la confianza es el ox\u00edgeno del proceso y, una vez retirada, el cord\u00f3n umbilical de la representaci\u00f3n queda cortado quir\u00fargicamente.<\/p>\n
Desde el instante en que el cliente notifica la revocaci\u00f3n, opera una metamorfosis jur\u00eddica inmediata: el abogado pierde de pleno derecho la calidad para actuar en el proceso. En la mec\u00e1nica de la Ley n\u00fam. 834-78, la calidad es una condici\u00f3n de orden p\u00fablico para la admisibilidad de cualquier acto. Si el profesional desapoderado somete una instancia, interpone un recurso o sube al estrado pretendiendo impulsar el fondo del litigio, su actuaci\u00f3n deviene en una usurpaci\u00f3n representativa. La contraparte, con afilado rigor estrat\u00e9gico, estar\u00e1 provista del arsenal necesario para articular un medio de inadmisibilidad por falta de calidad o poder, conforme al art\u00edculo 44 de la referida norma, obligando al Ministerio P\u00fablico y al juzgador a decretar la impertinencia de la acci\u00f3n sin siquiera asomarse a ponderar los m\u00e9ritos del fondo.<\/p>\n
La coartada del inter\u00e9s p\u00fablico y el monopolio de la acci\u00f3n penal<\/b><\/p>\n
Pretender que la persecuci\u00f3n de la corrupci\u00f3n autoriza al abogado desapoderado a perpetuarse en el proceso penal es una aberraci\u00f3n conceptual. En nuestro ordenamiento constitucional, la representaci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico y el monopolio de la acci\u00f3n penal p\u00fablica corresponden de manera exclusiva y excluyente al Ministerio P\u00fablico, en virtud del art\u00edculo 169 de la Constituci\u00f3n. Un abogado privado no es el Estado, no es la sociedad organizada y no ostenta la personificaci\u00f3n del inter\u00e9s general.<\/p>\n
Si el ciudadano que interpuso la denuncia decide retirar su confianza al abogado o apartarse del proceso, el profesional del derecho no puede apropiarse de la acci\u00f3n penal. El canal para que la corrupci\u00f3n sea investigada sigue abierto a trav\u00e9s de los \u00f3rganos persecutores oficiales; el abogado desapoderado carece de legitimaci\u00f3n activa para suplantar la voluntad del denunciante original y, simult\u00e1neamente, la funci\u00f3n constitucional del fiscal. Utilizar la bandera de la transparencia para justificar una postulaci\u00f3n sin poder es un ejercicio de mesianismo jur\u00eddico que lesiona gravemente la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n
El abismo de la responsabilidad civil y el cobro leg\u00edtimo<\/b><\/p>\n
El error conceptual de aquellos abogados que insisten en secuestrar el expediente radica en confundir el accesorio con el principal. El derecho a percibir honorarios y el reembolso de los gastos es un cr\u00e9dito leg\u00edtimo, pero jam\u00e1s otorga una suerte de copropiedad sobre la acci\u00f3n penal de fondo. El litigio le pertenece \u00fanica y exclusivamente al justiciable.<\/p>\n
El ordenamiento dominicano no deja desamparado al profesional, pero le traza fronteras claras. El camino id\u00f3neo y t\u00e9cnico es el procedimiento de liquidaci\u00f3n de honorarios instituido por la Ley sobre Honorarios de Abogados, n\u00fam. 302. A trav\u00e9s de esta v\u00eda, el abogado se desviste de la toga de representante y asume su \u00fanica\u00a0y verdadera condici\u00f3n, a partir de ese momento, la de un acreedor que persigue el cobro de pesos frente a su deudor (su excliente). Podr\u00e1 demandar el cumplimiento contractual o accionar por los da\u00f1os derivados de una revocaci\u00f3n intempestiva y de mala fe, pero nunca arrebatarle el tim\u00f3n de la causa principal.<\/p>\n
Persistir en la postulaci\u00f3n inconsulta y haciendo malabarismos de supuesta representaci\u00f3n de la sociedad tras el desapoderamiento, solapando el mero inter\u00e9s econ\u00f3mico de su actuaci\u00f3n destemplada, no es solo un yerro procesal; es una temeridad que sit\u00faa al abogado en la antesala de la responsabilidad civil y disciplinaria, tipificada por el Tribunal Disciplinario como una violaci\u00f3n flagrante a los deberes de lealtad, probidad y moderaci\u00f3n.<\/p>\n
Para ser un verdadero estratega del derecho y un guardi\u00e1n de la institucionalidad del foro, es imperativo entender que nuestra misi\u00f3n concluye donde la voluntad del cliente traza la l\u00ednea. Los honorarios se reclaman con el mazo del derecho de cr\u00e9dito (si existiera, cosa que en los casos que he visto ni siquiera existe) en los escenarios correspondientes; el fondo del proceso, en cambio, se respeta como un templo sagrado que pertenece exclusivamente al ciudadano.<\/p>\n
JPM<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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