![\"\"](\"https:\/\/mundoalvivo.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/primero-la-constitucion-luego-la-mineria.png\")
<\/p>\nLa Rep\u00fablica Dominicana no puede seguir ordenando su territorio desde el subsuelo. No somos un continente con cuencas de repuesto; somos una naci\u00f3n insular donde una herida en la monta\u00f1a puede convertirse en agua perdida, agricultura afectada y futuro comprometido. Por eso, el debate minero no debe empezar preguntando d\u00f3nde hay minerales, sino d\u00f3nde la Constituci\u00f3n proh\u00edbe tocar, perforar, explorar o explotar.<\/p>\n
Los art\u00edculos 6, 7 y 8 establecen la supremac\u00eda constitucional, el Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho y la obligaci\u00f3n de proteger derechos, dignidad y bienestar general. Ning\u00fan permiso, concesi\u00f3n o contrato minero puede colocarse por encima de la vida, del agua ni del inter\u00e9s nacional.<\/p>\n
Los art\u00edculos 14, 15, 16 y 17 trazan la l\u00ednea roja: recursos naturales como patrimonio de la Naci\u00f3n; agua como patrimonio nacional estrat\u00e9gico, esencial para la vida, con prioridad del consumo humano; \u00e1reas protegidas inalienables; y explotaci\u00f3n de recursos no renovables solo bajo criterios ambientales sostenibles. La Constituci\u00f3n no proh\u00edbe toda miner\u00eda, pero s\u00ed proh\u00edbe miner\u00eda contra el agua, las cuencas, la sostenibilidad y la vida.<\/p>\n
A esa protecci\u00f3n se suman el art\u00edculo 54, sobre seguridad alimentaria; el 61, sobre salud, agua potable y saneamiento; el 66, sobre derechos colectivos y equilibrio ecol\u00f3gico; el 67, que obliga a prevenir contaminaci\u00f3n y reparar da\u00f1os; los art\u00edculos 68 y 69, sobre tutela efectiva y debido proceso; y el 74, que ordena interpretar los derechos fundamentales de la manera m\u00e1s favorable a la persona. En miner\u00eda: ante duda seria, primero el agua; ante riesgo irreversible, primero la vida.<\/p>\n
Los art\u00edculos 193 y 194 completan el marco. El territorio debe organizarse de forma compatible con la preservaci\u00f3n de los recursos naturales, y el Estado debe formular un plan de ordenamiento territorial para el uso eficiente y sostenible de esos recursos, con adaptaci\u00f3n clim\u00e1tica. Por tanto, una ley de ordenamiento territorial debi\u00f3 decir con precisi\u00f3n d\u00f3nde no se explora, d\u00f3nde no se perfora y d\u00f3nde no se negocia.<\/p>\n
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Pero la Ley 368-22 dej\u00f3 zonas peligrosas de ambig\u00fcedad. Debi\u00f3 vetar expresamente toda exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n minera met\u00e1lica en cuencas altas, nacimientos de r\u00edos, zonas de recarga acu\u00edfera, \u00e1reas protegidas, bosques de protecci\u00f3n, presas, embalses, territorios agr\u00edcolas estrat\u00e9gicos y ecosistemas fr\u00e1giles.<\/p>\n
La exploraci\u00f3n no es inocente. Abre caminos, mueve suelos, introduce presi\u00f3n empresarial, crea expectativas financieras, divide comunidades y se convierte en antesala de explotaci\u00f3n. En una isla, una cuenca herida amenaza el agua que bebe una familia, el conuco que alimenta una comunidad y los hijos que heredar\u00e1n nuestras decisiones.<\/p>\n
El art\u00edculo 58 de la Ley 368-22 es especialmente preocupante cuando permite que el uso del suelo minero quede determinado por el t\u00edtulo de concesi\u00f3n. Esa l\u00f3gica debe invertirse: no es el t\u00edtulo minero el que ordena el territorio; es el territorio, conforme a la Constituci\u00f3n, el que decide si la miner\u00eda procede. Si el municipio queda obligado a reconocer un uso minero por una concesi\u00f3n previa, el ordenamiento territorial deja de proteger el pa\u00eds y se convierte en registro de concesiones.<\/p>\n
La Ley Minera 146-71 es todav\u00eda m\u00e1s grave. Naci\u00f3 bajo una l\u00f3gica extractivista anterior a la Constituci\u00f3n moderna. Sus disposiciones que dan preferencia a la miner\u00eda sobre otros usos, convierten la exploraci\u00f3n en escalera hacia la explotaci\u00f3n, permiten concesiones largu\u00edsimas, limitan la suspensi\u00f3n de trabajos y reconocen derechos de uso de agua al concesionario deben ser reformadas, aplicadas conforme a la Constituci\u00f3n o impugnadas.<\/p>\n
Continuar emitiendo permisos, concesiones y derechos territoriales a empresas extractivas sin respetar el marco constitucional vigente no es tr\u00e1mite administrativo: es riesgo de soberan\u00eda. La Constituci\u00f3n ya traz\u00f3 el l\u00edmite; lo que falta es obedecerla. Cada concesi\u00f3n crea expectativas financieras, derechos contractuales, presi\u00f3n jur\u00eddica, poder econ\u00f3mico e influencia sobre comunidades, municipios y autoridades. No son microestados, pero pueden convertirse en enclaves privados capaces de condicionar decisiones p\u00fablicas y fragmentar la soberan\u00eda territorial.<\/p>\n
Desde el Foro y Frente C\u00edvico y Social invitamos a los dominicanos que aman y sienten esta patria a unirnos en acciones constitucionales. Debemos promover ante el Tribunal Constitucional acciones directas de inconstitucionalidad contra las disposiciones de la Ley 368-22 y de la Ley Minera 146-71 que vulneren la Constituci\u00f3n. Y los permisos, concesiones, renovaciones, licencias o actos administrativos de exploraci\u00f3n otorgados despu\u00e9s de la Constituci\u00f3n de 2010, si contradicen agua, ambiente, ordenamiento territorial, participaci\u00f3n ciudadana o precauci\u00f3n, deben revisarse y anularse por las v\u00edas correspondientes.<\/p>\n
El Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucionales las normas; los actos concretos deben impugnarse por la v\u00eda procedente. Pero el principio rector es uno solo: ning\u00fan permiso administrativo tiene m\u00e1s fuerza que la Constituci\u00f3n. No existe seguridad jur\u00eddica v\u00e1lida para sostener actos contrarios a la supremac\u00eda constitucional.<\/p>\n
Un funcionario puede firmar un permiso; no puede autorizar una violaci\u00f3n constitucional. Un Congreso puede aprobar una ley; no puede derogar por omisi\u00f3n el derecho al agua. Un Ejecutivo puede promulgar una norma; no puede convertir en constitucional lo que vulnera el Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho.<\/p>\n
La regla debe ser sencilla: donde nace el agua, no se explora; donde se recarga un acu\u00edfero, no se perfora; donde la agricultura garantiza alimentos, no se impone miner\u00eda met\u00e1lica; donde la Constituci\u00f3n protege la vida, ning\u00fan contrato prevalece.<\/p>\n
Primero la Constituci\u00f3n. Primero el agua. Primero el territorio. Primero la gente. Porque en una isla, proteger el agua no es una opci\u00f3n ambientalista: es una obligaci\u00f3n de Estado.<\/p>\n
Ya basta de improvisar, es tiempo de gobernar.<\/p>\n
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