![\"\"](\"https:\/\/mundoalvivo.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/la-justicia-no-debe-detenerse.jpg\")
<\/p>\nPOR CARLOS SALCEDO<\/b><\/p>\n
Los jueces tienen pleno derecho a reclamar condiciones dignas para el ejercicio de sus funciones. No puede existir verdadera independencia judicial en medio de precariedades institucionales, limitaciones presupuestarias o debilidades estructurales que afecten la calidad del servicio. Una justicia debilitada termina comprometiendo el propio Estado de derecho.<\/p>\n
Continuidad judicial y prudencia<\/b><\/p>\n
Sin embargo, precisamente por la naturaleza esencial de la funci\u00f3n jurisdiccional, los mecanismos de protesta utilizados por la judicatura deben ser compatibles con la continuidad del servicio judicial y con la preservaci\u00f3n de la confianza ciudadana en la justicia.<\/p>\n
La justicia no constituye un servicio p\u00fablico cualquiera. Para miles de ciudadanos representa el \u00faltimo espacio de protecci\u00f3n frente a abusos, arbitrariedades o violaciones de derechos. Cada audiencia suspendida, cada decisi\u00f3n retrasada y cada tribunal paralizado impacta directamente la vida de personas que esperan respuestas del sistema judicial.<\/p>\n
Por eso, la judicatura debe actuar con especial prudencia. La legitimidad de los jueces no proviene \u00fanicamente de sus decisiones, sino tambi\u00e9n de la forma en que representan institucionalmente la estabilidad, la responsabilidad y la continuidad democr\u00e1tica.<\/p>\n
Falta de unanimidad de reclamantes<\/b><\/p>\n
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En ese contexto, resulta significativo que ni siquiera exista unanimidad dentro de la propia judicatura respecto al paro convocado. Inicialmente, los convocantes ni siquiera se identificaron p\u00fablicamente, algo particularmente delicado trat\u00e1ndose de jueces, cuya funci\u00f3n exige responsabilidad y transparencia.<\/p>\n
Reclamantes con nombres y apellidos<\/b><\/p>\n
No obstante, posteriormente se dio a conocer un listado de 232 jueces que, de manera abierta y responsable, asumieron p\u00fablicamente los reclamos y suscribieron las demandas planteadas. Ese hecho contribuye a transparentar el debate y a situarlo dentro de cauces institucionales m\u00e1s compatibles con la responsabilidad inherente a la funci\u00f3n judicial.<\/p>\n
Este episodio evidencia, en todo caso, que existen posiciones divergentes dentro del propio cuerpo judicial respecto de la pertinencia del paro y de los mecanismos adecuados para canalizar las reivindicaciones. Resulta preocupante que, aun frente a esa falta de consenso, se haya recurrido a medidas que afectan directamente a los ciudadanos y al funcionamiento regular del sistema de justicia.<\/p>\n
Mejores condiciones para jueces y servidores judiciales<\/b><\/p>\n
Es cierto que los jueces requieren mejores condiciones y mayores recursos para desempe\u00f1ar adecuadamente sus funciones. Nadie sensato puede desconocer esa realidad. Pero tambi\u00e9n es cierto que la Rep\u00fablica Dominicana enfrenta limitaciones presupuestarias y m\u00faltiples demandas sociales concurrentes. Precisamente por ello, las soluciones deben construirse desde la racionalidad institucional, la gradualidad y el equilibrio entre las necesidades sectoriales y el inter\u00e9s general.<\/p>\n
La judicatura debe diferenciarse de din\u00e1micas gremiales propias de otros sectores. No creo que los jueces quieran parecerse a la ADP ni trasladar al sistema judicial pr\u00e1cticas que terminan normalizando la interrupci\u00f3n de servicios esenciales como mecanismo ordinario de presi\u00f3n.<\/p>\n
Consejo del Poder Judicial, di\u00e1logo y soluciones racionales<\/b><\/p>\n
Al momento de redactar este art\u00edculo, he sabido que el Consejo del Poder Judicial ha convocado a una reuni\u00f3n a los jueces reclamantes. Esa decisi\u00f3n constituye una se\u00f1al positiva y deber\u00eda abrir paso a una salida institucional, razonable y equilibrada, que permita atender leg\u00edtimas preocupaciones sin poner en juego la continuidad del servicio judicial.<\/p>\n
El di\u00e1logo institucional debe prevalecer. Existen m\u00faltiples v\u00edas leg\u00edtimas y eficaces para canalizar reclamos sin impedir el acceso de los ciudadanos a la justicia como pronunciamientos p\u00fablicos, debates t\u00e9cnicos, mecanismos institucionales, espacios acad\u00e9micos y acciones coordinadas que preserven la credibilidad del Poder Judicial.<\/p>\n
La independencia judicial necesita ser defendida. Pero tambi\u00e9n necesita ser ejercida con responsabilidad institucional. Porque cuando se paralizan los tribunales, el ciudadano siente que el Estado deja de escuchar precisamente en el lugar donde m\u00e1s necesita ser o\u00eddo.<\/p>\n
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