{"id":352988,"date":"2026-05-04T05:10:32","date_gmt":"2026-05-04T09:10:32","guid":{"rendered":"http:\/\/almomento.net\/?p=1117190"},"modified":"2026-05-04T05:10:32","modified_gmt":"2026-05-04T09:10:32","slug":"crisis-petroleo-y-gasto-publico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mundoalvivo.com\/?p=352988","title":{"rendered":"Crisis, petr\u00f3leo y gasto p\u00fablico\u00a0"},"content":{"rendered":"
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POR LUIS M. GUZMAN<\/b><\/p>\n<\/div>\n

El Gobierno dominicano ha anunciado un paquete de medidas para reducir el gasto p\u00fablico en aproximadamente RD$40,000 millones como respuesta a la crisis global provocada por el alza del petr\u00f3leo. La decisi\u00f3n, presentada como un acto de responsabilidad fiscal, incluye recortes en combustible, publicidad, vi\u00e1ticos, eventos y adquisiciones.<\/p>\n

Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 del titular, lo que revela esta medida es una verdad inc\u00f3moda, el ajuste evita cuidadosamente el coraz\u00f3n del problema estructural.<\/p>\n

El detonante es real. El petr\u00f3leo ha pasado de alrededor de US$57 a m\u00e1s de US$100 por barril, un salto superior al 80%, generando impacto directo en inflaci\u00f3n, transporte, electricidad y presi\u00f3n sobre el presupuesto. En una econom\u00eda altamente dependiente de importaciones energ\u00e9ticas, este tipo de choque no es coyuntural, sino estructural. El Estado est\u00e1 obligado a reaccionar, pero la forma en que lo hace define si enfrenta el problema o simplemente lo administra.<\/p>\n

El problema no es que el Gobierno recorte gastos. El problema es qu\u00e9 gastos decide recortar y cu\u00e1les evita tocar. Se reduce el combustible institucional, pero no se revisa la estructura de subsidios que lo multiplica. Se limita la publicidad, pero no se cuestiona el gasto tributario. Se ajustan los vi\u00e1ticos, pero no se aborda el tama\u00f1o ni la eficiencia de la n\u00f3mina p\u00fablica. Es un ajuste visible, pero selectivo y cuidadosamente delimitado.<\/p>\n

Contradicci\u00f3n<\/b><\/p>\n

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Abinader y el ministro de Econom\u00eda<\/figcaption><\/figure>\n

Aqu\u00ed surge la primera gran contradicci\u00f3n, se anuncian RD$40,000 millones en ahorro mientras el Estado mantiene un gasto tributario cercano a RD$393,000 millones. Es decir, se ajusta la parte visible del gasto, pero se deja intacta la estructura invisible de privilegios fiscales. No es un problema de falta de recursos, sino de decisi\u00f3n pol\u00edtica sobre qu\u00e9 se protege y qu\u00e9 se expone al recorte.<\/p>\n

El segundo punto cr\u00edtico es el subsidio a los combustibles. El Gobierno intenta contener precios para proteger a la poblaci\u00f3n, pero ese subsidio no est\u00e1 plenamente focalizado. En la pr\u00e1ctica, beneficia tanto al ciudadano com\u00fan como a grandes consumidores. Y en muchos casos, esos mismos actores ya reciben exenciones, devoluciones o incentivos adicionales, generando una acumulaci\u00f3n de beneficios que distorsiona el objetivo original.<\/p>\n

Aqu\u00ed el problema deja de ser econ\u00f3mico y pasa a ser institucional. El sistema permite que un mismo actor reciba m\u00faltiples ayudas sobre el mismo insumo sin una evaluaci\u00f3n consolidada. No existen reglas claras de no acumulaci\u00f3n, ni una base p\u00fablica que identifique beneficiarios finales, ni auditor\u00edas cruzadas efectivas. Esto no es una falla t\u00e9cnica aislada, sino una debilidad estructural del dise\u00f1o y la ejecuci\u00f3n del sistema fiscal.<\/p>\n

El propio marco legal advierte sobre el uso indebido de exenciones en combustibles. El legislador previ\u00f3 el riesgo de desv\u00edo y abuso. Sin embargo, el aparato estatal encargado de hacer cumplir esa normativa no ha desarrollado mecanismos eficaces para evitarlo. El problema no es ausencia de ley, sino permisividad en su aplicaci\u00f3n. La norma existe, pero la ejecuci\u00f3n no corrige ni controla.<\/p>\n

En ese contexto, el subsidio deja de ser una herramienta de equidad y se convierte en un canal de transferencia regresiva. El Estado subsidia en nombre de los sectores vulnerables, pero el volumen del beneficio termina concentr\u00e1ndose en quienes m\u00e1s consumen y mayor capacidad tienen de capturarlo. Se socializa el costo fiscal, pero se privatiza el beneficio econ\u00f3mico.<\/p>\n

Pol\u00edticos y n\u00f3mina<\/b><\/p>\n

La reducci\u00f3n del 50% al financiamiento de los partidos pol\u00edticos tiene valor simb\u00f3lico y pol\u00edtico. Env\u00eda un mensaje de austeridad compartida. Sin embargo, no debe confundirse con una soluci\u00f3n estructural. Es una medida visible, pero fiscalmente limitada frente al tama\u00f1o del problema. No altera la l\u00f3gica del gasto ni corrige las distorsiones profundas del sistema.<\/p>\n

M\u00e1s preocupante es lo que no aparece en el paquete de medidas, la n\u00f3mina p\u00fablica. No existe un planteamiento serio sobre su tama\u00f1o, su crecimiento o su eficiencia. Y sin abordar ese componente, cualquier ajuste es incompleto. El gasto corriente permanente es el que define la sostenibilidad fiscal, no el gasto ocasional que puede reducirse temporalmente.<\/p>\n

Lo mismo ocurre con transferencias a organismos aut\u00f3nomos y empresas p\u00fablicas. Se plantea reducirlas, pero no transformar su modelo operativo. Sin cambios estructurales, estos recortes pueden revertirse f\u00e1cilmente cuando la presi\u00f3n disminuya. La historia fiscal del pa\u00eds muestra que los ajustes sin reforma terminan siendo temporales y poco efectivos en el largo plazo.<\/p>\n

La conclusi\u00f3n es clara, el Gobierno ha anunciado un ajuste, pero no una reforma. Mientras no se intervenga el n\u00facleo del gasto \u2014subsidios acumulados, exenciones sin control, n\u00f3mina p\u00fablica inflada y duplicidad institucional\u2014 cada crisis seguir\u00e1 resolvi\u00e9ndose de la misma forma. No es s\u00f3lo cu\u00e1nto se gasta, sino c\u00f3mo se gasta, para qui\u00e9n se gasta y, sobre todo, qu\u00e9 se decide no tocar.<\/p>\n

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