En el sistema institucional dominicano existen \u00f3rganos llamados a garantizar el equilibrio, la legalidad y el respeto de las normas que rigen determinados sectores. Cuando esas instituciones olvidan su rol rector y se convierten en promotoras de irregularidades, no solo se debilita el orden jur\u00eddico: tambi\u00e9n se destruye el trabajo y las estructuras que otros han construido con esfuerzo y apego a la ley.<\/p>\n
Ese parece ser el caso de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), \u00f3rgano propiciador y rector de las sociedades de gesti\u00f3n colectiva en la Rep\u00fablica Dominicana, instituci\u00f3n adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.<\/p>\n
La ONDA impuls\u00f3 la emisi\u00f3n del Decreto 290-24, firmado y promulgado por el presidente Luis Abinader, tras recibir opini\u00f3n favorable del licenciado Jos\u00e9 Rub\u00e9n Gonell mediante una resoluci\u00f3n remitida al entonces consultor jur\u00eddico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.<\/p>\n
Sin embargo, desde el punto de vista jur\u00eddico, dicho decreto nace con un problema fundamental de legitimidad que inevitablemente ser\u00e1 objeto de control constitucional cuando sea recurrido ante el Tribunal Constitucional de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
La Ley 65-00 sobre Derecho de Autor establece en su art\u00edculo 162 que se crear\u00e1 una sociedad de gesti\u00f3n colectiva por cada rama de autores. En el caso de los autores musicales ya existe una entidad debidamente constituida: SGACEDOM, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de M\u00fasica.<\/p>\n
Bajo esa premisa legal, la creaci\u00f3n mediante decreto de una sociedad de arreglistas musicales carece de sustento jur\u00eddico, ya que el Decreto 290-24 no tiene fuerza de ley para modificar el r\u00e9gimen establecido por la propia Ley 65-00.<\/p>\n
Desde el punto de vista conceptual y jur\u00eddico, los arreglistas musicales tambi\u00e9n son autores. En consecuencia, deben pertenecer a la sociedad de gesti\u00f3n colectiva correspondiente a su rama, en este caso SGACEDOM. La diferencia radica en el modelo de remuneraci\u00f3n: por pr\u00e1ctica del mercado musical, los arreglistas suelen recibir un pago \u00fanico por su trabajo en una producci\u00f3n y no una regal\u00eda recurrente.<\/p>\n
Pero esa realidad econ\u00f3mica no los convierte en una categor\u00eda distinta de autores ni justifica la creaci\u00f3n de una nueva sociedad de gesti\u00f3n colectiva por v\u00eda de decreto.<\/p>\n
La problem\u00e1tica institucional no termina ah\u00ed. Otra actuaci\u00f3n cuestionable de la ONDA se relaciona con el cobro por el registro de obras in\u00e9ditas. Durante la gesti\u00f3n de Jos\u00e9 Rub\u00e9n Gonell se han recaudado m\u00e1s de 26 millones de pesos por este concepto.<\/p>\n
No obstante, la Ley 65-00 establece de manera expresa, en su art\u00edculo 153, que el primer registro de una obra es gratuito; lo que la ley autoriza cobrar es el duplicado del certificado, no el registro inicial. Si esa pr\u00e1ctica administrativa se confirma, estar\u00edamos ante un cobro contrario a la ley, lo que obligar\u00eda a la instituci\u00f3n a reintegrar esos recursos a los ciudadanos afectados, en cumplimiento del principio de legalidad que debe regir toda actuaci\u00f3n del Estado.<\/p>\n
Asimismo, la ONDA ha legitimado asambleas irregulares dentro de SGACEDOM, como ocurri\u00f3 el 2 de septiembre de 2023, donde se valid\u00f3 la utilizaci\u00f3n de votos delegados que posteriormente fueron cuestionados p\u00fablicamente. Entre los casos m\u00e1s notorios se encuentra el del senador y artista H\u00e9ctor Acosta, conocido art\u00edsticamente como \u201cEl Torito\u201d, quien remiti\u00f3 una comunicaci\u00f3n formal desmintiendo haber delegado su voto en otra persona.<\/p>\n
Ese mecanismo de voto delegado, contemplado en los estatutos de SGACEDOM, ha sido cuestionado por presuntamente contradecir principios constitucionales de representaci\u00f3n y voluntad individual. Por esa raz\u00f3n, dichos estatutos han sido recurridos ante el Tribunal Superior Administrativo, donde el caso se encuentra pendiente de fallo en la Primera Sala presidida por la magistrada Luisa Canaan.<\/p>\n
Ante este panorama, resulta inevitable hacer un llamado al presidente Luis Abinader, quien en reiteradas ocasiones ha afirmado que en su gobierno \u201ctiene amigos, pero no c\u00f3mplices\u201d.<\/p>\n
El pa\u00eds merece instituciones que respeten la ley y que administren con responsabilidad los recursos p\u00fablicos. En ese sentido, tambi\u00e9n ser\u00eda oportuno revisar decisiones administrativas relacionadas con el manejo de recursos del Estado.<\/p>\n
Por ejemplo, actualmente el Estado paga 11,000 d\u00f3lares mensuales por el alquiler de la sede de la ONDA en la urbanizaci\u00f3n Naco, luego de que la instituci\u00f3n fuera desalojada tras tres a\u00f1os sin pagar el alquiler de un amplio local de aproximadamente tres mil metros cuadrados en Piantini, cuyo costo mensual ascend\u00eda a 39,000 d\u00f3lares.<\/p>\n
Cuando una instituci\u00f3n pierde el rumbo\u00a0y se aleja de su misi\u00f3n fundamental, corre el riesgo de que sus decisiones terminen convertidas en simples piezas administrativas sin valor jur\u00eddico ni institucional.<\/p>\n
De ah\u00ed que, con iron\u00eda pero tambi\u00e9n con preocupaci\u00f3n, muchos ciudadanos se pregunten si no ser\u00eda m\u00e1s coherente instalar algunos furgones administrativos en el vertedero de Duquesa, lugar donde terminan muchas cosas que ya no sirven. Porque algunas resoluciones parecen adquirir, lamentablemente, la categor\u00eda de basura jur\u00eddica.<\/p>\n
Finalmente, tambi\u00e9n corresponde hacer un llamado al licenciado Eduardo Sanz Lovat\u00f3n para que no se convierta en padrino pol\u00edtico de irregularidades administrativas que afectan la institucionalidad del derecho de autor en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
Las instituciones no pueden dedicarse a destruir lo que no construyeron. Su deber es fortalecer lo que ya existe, respetar la ley y proteger el trabajo de los creadores dominicanos. Porque cuando el Estado olvida su rol de \u00e1rbitro y garante de la legalidad, no solo se debilitan las instituciones: tambi\u00e9n se hiere la confianza de toda una sociedad.<\/p>\n
JPM<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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