![\"imagen\"](\"https:\/\/almomento.net\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Isaias-Ramos-presidente-del-Frente-Civico-y-Social-e1696594509898.jpg\" "\\"La")
<\/a><\/p>\nEL AUTOR es presidente del Frente C\u00edvico y Social. Reside en Santo Domingo.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
La Constituci\u00f3n no admite pausas ni conveniencias. En un Estado de Derecho, ning\u00fan \u00f3rgano p\u00fablico \u2014y mucho menos el \u00e1rbitro electoral\u2014 puede \u201ccongelar\u201d mandatos constitucionales a la espera de c\u00e1lculos pol\u00edticos o de la inercia legislativa. El art\u00edculo 6 es categ\u00f3rico: todo acto contrario a la Constituci\u00f3n es nulo de pleno derecho. Y el art\u00edculo 184 cierra cualquier duda institucional: las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas y constituyen precedentes vinculantes para todos los \u00f3rganos del Estado.<\/p>\n
Cuando el Tribunal Constitucional fija un est\u00e1ndar, el Estado no lo debate: lo ejecuta. Relativizar esta obligaci\u00f3n no debilita una figura legal espec\u00edfica; debilita la autoridad misma de la Constituci\u00f3n y, con ella, la confianza en el sistema democr\u00e1tico.<\/p>\n
Por eso la Sentencia TC\/0788\/24 debe leerse como lo que es: una correcci\u00f3n constitucional obligatoria. El Tribunal Constitucional declar\u00f3 inconstitucional un r\u00e9gimen que hac\u00eda inviable \u2014o meramente simb\u00f3lica\u2014 la figura de las candidaturas independientes y fij\u00f3 par\u00e1metros precisos para una regulaci\u00f3n compatible con la Carta Magna. Desde ese momento, el debate dej\u00f3 de ser si se \u201cquiere\u201d permitir la participaci\u00f3n independiente y pas\u00f3 a ser, estrictamente, c\u00f3mo se ejecuta lo que ya fue definido como constitucionalmente exigible.<\/p>\n
La ruta institucional correcta es una sola: cumplimiento. Insistir \u2014por acci\u00f3n u omisi\u00f3n\u2014 en operar con el esquema que el m\u00e1ximo int\u00e9rprete constitucional ya corrigi\u00f3 coloca a cualquier instituci\u00f3n en colisi\u00f3n con la supremac\u00eda constitucional. Y esa colisi\u00f3n no es te\u00f3rica: en materia electoral se traduce en impugnaciones, nulidades, incertidumbre y p\u00e9rdida de confianza. Un pa\u00eds no puede aspirar a elecciones cre\u00edbles si su autoridad electoral act\u00faa como si el precedente constitucional fuera optativo.<\/p>\n
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De ah\u00ed que el argumento de que la Junta Central Electoral (JCE) debe \u201cesperar al Congreso\u201d sea jur\u00eddicamente fr\u00e1gil y pol\u00edticamente peligroso. Si el Congreso decide retrasar, engavetar o politizar la adecuaci\u00f3n legislativa, esa omisi\u00f3n no puede convertirse en un veto de facto al derecho ciudadano a competir. La omisi\u00f3n legislativa no suspende la Constituci\u00f3n. Si el Congreso no act\u00faa, la obligaci\u00f3n de la JCE se vuelve m\u00e1s estricta, no menos: debe garantizar que el proceso electoral se organice conforme al est\u00e1ndar constitucional vigente.<\/p>\n
Ese deber responde al dise\u00f1o constitucional. La JCE organiza, dirige y supervisa las elecciones, y tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia (arts. 211\u2013212). La JCE no est\u00e1 llamada a sustituir al Congreso; est\u00e1 llamada a aplicar el est\u00e1ndar constitucional vigente y hacerlo operativo con procedimientos. Cumplir TC\/0788\/24 por v\u00eda administrativa no equivale a \u201clegislar\u201d: equivale a establecer reglas de tr\u00e1mite y control que hagan posible el derecho sin sacrificar la integridad del proceso.<\/p>\n
Lo que se espera, entonces, no es una \u201cley nueva\u201d emanada de la JCE. Se espera un reglamento transitorio, auditable y razonable que habilite el cauce pr\u00e1ctico: una ventanilla y plataforma para la declaraci\u00f3n de asociaciones c\u00edvicas, un calendario claro, reglas objetivas de verificaci\u00f3n, oportunidades de subsanaci\u00f3n y decisiones motivadas. Ese est\u00e1ndar no puede ser un laberinto que reproduzca, por otra v\u00eda, las trabas que la sentencia corrigi\u00f3; debe ser un procedimiento que permita competir y, a la vez, permita controlar.<\/p>\n
La alternativa \u2014no crear el canal operativo\u2014 produce el peor escenario democr\u00e1tico: un derecho reconocido en teor\u00eda, pero bloqueado en la pr\u00e1ctica. Y ah\u00ed el art\u00edculo 6 deja de ser una cita solemne y se convierte en un riesgo real. Resoluciones, instructivos o decisiones administrativas que desconozcan un precedente vinculante quedan expuestas a impugnaci\u00f3n y nulidad. En un proceso electoral, la nulidad de piezas estructurales (inscripci\u00f3n de candidaturas, verificaci\u00f3n de requisitos, calendario, boletas) puede arrastrar nulidades de resultados y convertir la proclamaci\u00f3n en una disputa judicial y social.<\/p>\n
Conviene decirlo sin eufemismos: el peor escenario plausible no es un titular alarmista; es una crisis de gobernabilidad insostenible. Si se llega a 2028 con exclusiones estructurales y los correctivos judiciales llegan tarde \u2014con boletas impresas, campa\u00f1a avanzada o resultados proclamados\u2014 el pa\u00eds puede enfrentar una tormenta perfecta: judicializaci\u00f3n masiva, nulidades que obliguen a repetir procesos en demarcaciones, par\u00e1lisis institucional y un gobierno electo bajo cuestionamiento permanente. Cuando se rompe la confianza en el \u00e1rbitro, se erosiona la legitimidad del mandato y la convivencia democr\u00e1tica se vuelve fr\u00e1gil.<\/p>\n
A ese riesgo institucional se suman responsabilidades concretas. En el plano patrimonial, la Constituci\u00f3n establece responsabilidad del Estado y de sus agentes por da\u00f1os derivados de actuaciones u omisiones administrativas antijur\u00eddicas (art. 148). Si se frustra un derecho pol\u00edtico por falta de canal operativo o por rechazos incompatibles con el precedente, aparecen reclamaciones por da\u00f1os. Y, en supuestos graves, la legislaci\u00f3n penal-electoral prev\u00e9 consecuencias vinculadas a negativas arbitrarias, a exclusiones indebidas y a alteraciones en la oferta electoral.<\/p>\n
Hay una dimensi\u00f3n adicional que no debe minimizarse: el frente internacional. La Rep\u00fablica Dominicana asumi\u00f3 compromisos en materia de derechos pol\u00edticos y participaci\u00f3n. Cuando un Estado bloquea \u2014por acci\u00f3n u omisi\u00f3n\u2014 v\u00edas razonables de acceso a la contienda, se expone a escrutinio y responsabilidad internacional, con un costo reputacional y pol\u00edtico que agrava cualquier conflicto interno. Un pa\u00eds democr\u00e1tico no deber\u00eda llegar a 2028 bajo la sombra de controversias internacionales evitables.<\/p>\n
En el Foro y Frente C\u00edvico y Social sostenemos que la salida responsable est\u00e1 sobre la mesa. Depende de la JCE adoptar un reglamento transitorio con procedimientos claros, plazos definidos, verificaci\u00f3n transparente y proporcional, garant\u00edas de debido proceso e integraci\u00f3n impecable en boletas. Eso fortalece al sistema electoral, previene conflictos y protege la democracia. Esperar, negar o dilatar es abrir la puerta a nulidades y a una crisis de gobernabilidad que ning\u00fan dominicano responsable deber\u00eda aceptar como da\u00f1o colateral.<\/p>\n
En democracia, la Constituci\u00f3n no se administra por conveniencia: se cumple. Y el \u00e1rbitro electoral debe ser el primero en demostrarlo.<\/p>\n
Despierta RD!<\/p>\n
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