Santo Domingo, R.D. – El Tribunal Superior Administrativo (TSA) fue apoderado de una demanda en reparación patrimonial contra la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, por presunto dolo e imprudencia grave en el ejercicio de sus funciones al negarse a devolver un vehículo que, según decisiones judiciales, fue incautado de manera ilegal.
El litigio surge a raíz de la retención de una Jeepeta Grand Cherokee blanca, año 2018, con chasis número 1C4RJEBG4C193720 y matrícula número 8730044. La entrega del vehículo fue ordenada el 1 de diciembre de 2021 por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la sentencia número 249-04-2021-SSEN-00289.
El abogado de la parte demandante, Dr. Julio Cury, sostuvo que la fiscal actuó con «una inflexible y arbitraria reticencia» al negarse a acatar las decisiones judiciales, lo que considera una acción imprudente e ilegal. «Será condenada, de forma conjunta y solidaria con el Ministerio Público, a reparar los daños antijurídicos causados a la víctima», afirmó Cury.
A pesar de la sentencia inicial, la fiscal Ramos Castillo no cumplió con la orden de entrega del vehículo. En abril de 2023, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reafirmó la orden, pero nuevamente fue ignorada. Finalmente, el 31 de octubre de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia, rechazando el recurso de casación interpuesto por la fiscal.
La demanda busca que el Tribunal Superior Administrativo establezca la responsabilidad patrimonial de la fiscal y del Ministerio Público por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las decisiones judiciales. Se espera que el tribunal fije audiencia en los próximos días para conocer el caso.
