El recinto construido en 1955 para 200 reos tiene triplicada su población
Aunque la frecuencia de las peleas entre personas recluidas en la cárcel pública de Barahona no es sistemática, cuando estas se producen en el recinto carcelario, evidencian la grave crisis existente en el sistema penitenciario de la República Dominicana.Una cruda realidad de una infraestructura carcelaria que data de la dictadura en donde, más que tener ciudadanos o ciudadanas purgando prisión por hechos cometidos, lo que hay son personas amontonadas que carecen de las mínimas condiciones de higiene y de salubridad.
Los “pleitos” entre reclusos indican las condicionantes infrahumanas de esta cárcel: la cual está marcada por hacinamiento, precariedad y, pese a los esfuerzos, al menos mediáticos de las autoridades, su abandono es más que evidente.
Quizás, sea esta la razón para no permitirle a la prensa conversar con el alcaide de la prisión, sin previamente solicitarlo mediante comunicación a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), por parte del medio o periodista solicitando la entrevista y sentarse a “esperar autorización para hablar sobre la situación de esta cárcel”, ha dicho un funcionario que gestionaba una entrevista con el funcionario de la prisión local a este reportero.
La cárcel pública carece de elementales servicios: servicios médicos adecuados, cuando el privado de libertad presenta alguna dificultad hay que llevarlo a la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario porque el recinto no cuenta esta atención básica ni hablar de las condiciones de hacinamiento e insalubridad en el recinto carcelario.
Por tanto, estamos frente una “bomba de tiempo”, incluso para quienes la vigilan, dada su condición de abandono en que se encuentra es lo que más se parece a un “almacén de hombres vivos, pero muertos en vida”, una seria violación de la condición humana.
Sobrepoblada
La cárcel data de la dictadura (se construyó en 1955), hace 69 años, para alojar a una población carcelaria de 200 internos, quienes deben cumplir allí sus condenas por diversos delitos, pero actualmente triplica esa cantidad de personas privadas de su libertad.
La cantidad de presos, los cuales cumplen condenas por diferentes delitos es de 682, de ellos 190 ya tienen una condena firme, mientras el mayor número de los privados de su libertad de forma preventiva suman 492 internos.
Esta sobrepoblación en el recinto hace que las condiciones de higiene y de salubridad no respondan al respeto de la dignidad humana y, por lo tanto, resultan inaceptables desde el punto de vista de los derechos humanos de los privados de la libertad, la cual requiere de una urgente intervención.
El pasado año 2023 teníamos una población carcelaria de 637 personas albergadas en la cárcel pública, aumentando el número de los privados de libertad en el actual 2024 en 45 nuevos internos.
Falta de higiene
La cárcel carece de un nivel adecuado de higiene, con debilidades muy serias en la recogida de la basura, constituyendo un foco de contaminación que pone en riesgo la salud, no solo para los internos, sino para quienes velan por el “buen funcionamiento” de la prisión.
La prisión carece de servicios básicos: baños adecuados, agua corriente y basura por doquier, incluso en sus alrededores los desperdicios y el hedor pueden percibirse a simple vista, lo que supone una amenaza para la salud de los internos.