Utilizaron sus funciones para sustraer, traficar y comercializar municiones de distintos calibres, incluyendo para fusiles, así como pertrechos policiales adquiridos por el Estado para la seguridad y el orden público, que se encontraban bajo custodia policial.
Los implicados por el Ministerio Público (MP) en Operación Pandora están acusados de ser una red criminal vinculados a la sustracción de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, las cuales eran utilizadas para comercio ilícito.
El órgano acusador indica en el expediente de solicitud de medida de coerción una serie de características bajo las cuales las 10 personas físicas y la persona jurídica implicadas realizaban sus operaciones.
El MP indica que los implicados crearon una organización criminal integrada por oficiales superiores y alistados quienes en asociación con civiles, utilizaron sus funciones para sustraer, traficar y comercializar municiones de distintos calibres, incluyendo para fusiles, así como pertrechos policiales adquiridos por el Estado para la seguridad y el orden público, que se encontraban bajo custodia policial.
Los oficiales violaron los reglamentos y protocolos para tener acceso privilegiado utilizando acceso exclusivo y directo a los almacenes de municiones para ejecutar de manera ilícita la sustracción de municiones y pertrechos policiales, sin generar sospechas en otros departamentos de la Policía.
Otra de las características en la que incurrió el grupo fue en la comercialización «dolosa» de municiones, tanto a policías como a civiles, aun con el conocimiento de la ilicitud de los actos.
Acusados
Por el caso el Ministerio Público acusa al coronel Narciso Antonio Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, como el cabecilla de la red.
Asimismo al subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente MarinoAntonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura.
También está implicada en la investigación la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L.
La investigación que condujo a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, mientras que los implicados fueron apresados durante el fin de semana pasado y para quienes el órgano acusador a través de la Procuraduria Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitarán prisión preventiva y declaración del caso como complejo.
